En la comisión de Asuntos Constitucionales, firmaron en disidencia el dictamen y se reaviva la sospecha de un pacto con Milei.

Los senadores kirchneristas que integran la comisión de Asuntos Constitucionales firmaron en disidencia este martes el proyecto de modificación original a la Ley de DNU, luego de la devolución con cambios de la Cámara de Diputados.

 

Ante la sorpresa de los aliados del gobierno, la riojana Florencia López, muy cercana a Wado De Pedro, explicó que el interbloque de UP está de acuerdo con la ley tal como se aprobó en el Senado pero advirtió sobre el peligro de que Javier Milei pueda vetarla y en la Cámara Baja no se puedan reunir dos tercios para la insistencia. El proyecto sufrió un duro revés cuando entre Martín Menem, Santiago Caputo y Cristian Ritondo lograron dar vuelta los votos de legisladores que respondían a los gobernadores de Provincias Unidas, a fines de septiembre.

Por esa razón, el peronismo, el pichettismo y los radicales de Facundo Manes no consiguieron los 129 votos necesarios para la aprobación en particular de uno de los artículos centrales.

 

Santiago Caputo puenteó a Menem y activó aliados para frenar la ley de DNU

Este miércoles, la senadora López dijo: “nosotros estamos totalmente de acuerdo con la ley. Pero también tenemos que ser prácticos y tenemos que ser inteligentes para frenar” al Presidente. Luego, agregó: “entendemos que insistir sobre el mismo texto original sin escuchar a la Cámara de Diputados nos puede llevar a una ley que sea perfecta en un momento pero que dure poco”.

Estamos totalmente de acuerdo con la ley, pero ttenemos que ser prácticos para frenar al Presidente. Insistir sobre el mismo texto original sin escuchar a la Cámara de Diputados nos puede llevar a una ley que sea perfecta en un momento pero que dure poco.

López también aclaró que la firma en disidencia servía para seguir conversando no solo con todas las bancadas en el Senado sino con los bloques de Diputados.

Los senadores Silvia Sapag, Pablo Bensusán y Sandra Mendoza.

 

La postura anunciada por la riojana fue refrendada con las firmas de Alicia Kirchner, Pablo Bensusán, Sergio Leavy, Mariano Recalde y Silvia Sapag en el dictamen. Se despegaron de esa definición la tucumana Sandra Mendoza y el catamarqueño Guillermo Andrada.

 

Si bien el dictamen quedó listo para ser tratado en recinto, la jugada del kirchnerismo levantó sospechas entre los aliados del gobierno, que advierten la posibilidad de un acuerdo entre un sector del peronismo y los libertarios. LPO publicó la semana pasada un artículo sobre los contactos entre Karina Milei y Cristina Kirchner para negociar las vacantes de la Corte Suprema, la Procuración Federal y los jueces federales.

Los interlocutores del karinismo y el kirchnerismo se encargan, además, de neutralizar iniciativas que perjudiquen a ambas mujeres ante los asedios de sus adversarios. En el caso de la hermana del Presidente, eso se vio en las trabas y postergaciones para que avanzara la comisión investigadora por la estafa LIBRA y la interpelación por las coimas de Andis. A la expresidenta, por su parte, le mantuvieron la custodia pese a los intentos de Patricia Bullrich por cambiársela.

Entendemos que insistir sobre el mismo texto original sin escuchar a la Cámara de Diputados nos puede llevar a una ley que sea perfecta en un momento pero que dure poco.

 

Como sea, el dictamen por la ley de DNU quedó listo para ser tratado en recinto. La Cámara de Diputados había devuelto el proyecto el mes pasado, con su aprobación en general y el rechazo en particular del artículo 3, que establecía que un decreto perdía vigencia si no lo validaban ambas cámaras antes que se agotaran los 90 días desde su publicación en Boletín Oficial.

 

El radical Eduardo Vischi defendió ese artículo este miércoles, al considerarlo “necesario”. “La aprobación ficta hace que termine siendo una degradación a la responsabilidad que tenemos como Poder Legislativo”, dijo.

 

Por lo demás, adelantó que la norma que salga del Senado en este caso “no puede ser vetada”. “Al ser una reglamentación de nuestras propias facultades legislativas, el Poder Ejecutivo no tendría facultad para vetarlo y eso sería fuente de una controversia, y tendría que intervenir la Corte Suprema”, explicó.

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