“Nosotros hicimos las cosas mal, nos mandamos la macana. Te vamos a entregar la camioneta y van a quedar liberados, pero esto quiero que quede todo acá, que no hagan ninguna denuncia. El pueblo es chico y nos podemos encontrar por ahí”.
Estas fueron las palabras del comisario, Daniel Báez, según los testimonios en sede judicial prestados por una familia de comerciantes madereros de Machagai, quienes, junto a sus colaboradores, fueron detenidos de manera arbitraria, gaseados y brutalmente golpeados en un procedimiento irregular, cerca de Colonia Popular.
La causa, que tiene a cuatro policías imputados por los delitos de apremios ilegales agravados por violencia y amenaza, fue elevada a juicio por la fiscal adjunta de Derechos Humanos, Silvia Sluzar. La defensa de los uniformados desistió recientemente de oponerse al requerimiento, por lo que la decisión de llevarlos al banquillo quedó firme.
El 13 de mayo de 2022, la familia Vergara —dedicada al transporte, comercialización y fabricación de muebles de madera— envió un cargamento de muebles desde la localidad de Machagai alrededor de las once y media de la noche. El vehículo, que tenía como destino la provincia de Santa Fe, era conducido por Brian Vergara, de 20 años, quien iba acompañado por dos ayudantes.
Mientras atravesaban la Ruta Nacional 16, camino a Colonia Aborigen, fueron adelantados por una camioneta de la Policía Rural de Machagai. Unos kilómetros más adelante, se encontraron nuevamente con la misma camioneta, esta vez realizando un control. Los agentes detuvieron el vehículo y pidieron la documentación correspondiente.
Brian presentó la guía de transporte, pero al ser consultado por el tique de balanza, explicó que no contaban con uno porque en la localidad de Presidencia de la Plaza —de donde provenía la guía— no había balanza. Aclaró además que la guía tenía plena validez legal, ya que había sido emitida de forma regular.
Los policías, en un tono prepotente según relataron los testigos, dijeron que debían demorarlos, retener el cargamento y escoltarlos hacia la comisaría de Machagai. Durante el trayecto, el vehículo —que días antes había sufrido un accidente— comenzó a levantar temperatura. Brian, preocupado, les dijo a los policías que necesitaba detenerse al costado de la ruta y que iba a recibir auxilio. Los agentes accedieron, pero le advirtieron que tendría que “arreglar” la situación directamente con el comisario.
A los diez minutos llegó el padre de Brian, Daniel Vergara, quien se convirtió luego en la principal víctima del hecho. Mientras revisaban el vehículo, apareció otra camioneta policial con siete agentes a bordo, entre ellos el comisario Daniel Báez, el subcomisario Luis Fernández, el sargento Dante Gerzen y el cabo Leonardo Villalobos. Al llegar, uno de ellos expresó: “Así que ustedes se van a hacer los vivos”.
Intentaron esposarlos sin motivo claro. Si bien en la causa la defensa de los uniformados incorporó una denuncia por una supuesta resistencia a la autoridad, lo cierto es que los policías imputados, al ser consultados por la fiscalía, solicitaron hacer uso de su derecho constitucional de no declarar.
En medio de esa situación, Daniel intentó explicar lo que ocurría. Sin embargo, terminó siendo arrojado al suelo. Los comerciantes y sus ayudantes (siete personas en total) fueron tirados al piso en fila, donde además se les roció gas pimienta lo que a una de las víctimas le provocó una lesión en los ojos.
La golpiza posterior fue brutal. Incluyó golpes con la culata de la escopeta en la cabeza, puñetazos en la cara y patadas en las costillas. La agresión le causó a Daniel una fractura en la muñeca de la mano izquierda, por la cual debió ser operado, quedando con una incapacidad permanente. Permanecieron aproximadamente media hora en el suelo, recibiendo golpes e insultos por parte de los efectivos.
Cerca de la una de la madrugada fueron trasladados a la comisaría de Machagai y encerrados en una celda. Daniel pidió que le quitaran las esposas debido a la inflamación y el dolor insoportable en la mano. Recién cerca de las cinco de la mañana, el comisario Báez comenzó a llamarlos uno por uno y, según el relato de las víctimas, aseguró que los iban a dejar en libertad a cambio de que no denuncien el accionar policial. El pedido fue más una amenaza que una invitación: “El pueblo es chico y nos podemos encontrar por ahí”.
“Accionar delictivo”
Al requerir la causa a juicio, la fiscal Sluzar remarcó que de las pruebas recabadas se puede “acreditar acabadamente los apremios ilegales que recibieron los damnificados”. “No hay dudas respecto de la responsabilidad que le cabe a los imputados en la producción del evento criminoso (…) por lo que cabe concluir que deberán responder en juicio por su accionar delictivo”, añadió la fiscal.
Las imputaciones contra los policías son graves. Para el comisario Báez, la imputación es de apremios ilegales agravados por violencia y amenazas —siete hechos en concurso ideal— como autor y coautor, según el caso. El subcomisario Fernández enfrenta cargos similares, tanto por violencia como por amenazas. El sargento ayudante Gerzel y el cabo Villalobo también están imputados por apremios agravados por violencia.
“Logramos la firmeza del requerimiento de elevación a juicio, manteniéndose la imputación solicitada en el mismo, a pesar de la dilatoria oposición de la defensa quien al final desistió. El objetivo es avanzar en las próximas semanas para garantizar un juzgamiento en un plazo razonable”, destacó el abogado querellante, Ramiro Cabaña, en declaraciones al portal Sin Filtro.
LITIGIO
